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Mónica Ramos: la defensa de Núñez recusó al Tribunal de Impugnaciones y no resolvieron la excarcelación

Mirta Esley y Ricardo Gutiérrez Esley plantearon que los jueces y la fiscal Virginia Palacios se habían pronunciado anteriormente en la causa. El nuevo cuerpo estará conformado por jueces de la Segunda Circunscripción, quienes primero deberán resolver el apartamiento o no. Luego de eso podrán avanzar para definir si el imputado espera el juicio en prisión o en libertad.

Ahora deberá conformarse un nuevo Tribunal para resolver la recusación.
Actualizada: 02/06/2022 14:16
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 Este miércoles iba a concretarse una audiencia de revisión de prisión sobre Héctor Federico Núñez, el único imputado por el homicidio de la docente Mónica Ramos. Pero esto no sucedió porque en la madrugada, los defensores del joven recusaron a los integrantes del Tribunal de Impugnaciones y a la fiscal Virginia Palacios Gonella.

El fundamento que tuvieron fue que los jueces Jorge Sabaini Zapata, José Luis Flores y Hugo Saá Petrino habían actuado en planteos similares con anterioridad rechazando la excarcelación del acusado. Lo mismo expusieron sobre la representante del ministerio Público Fiscal.

En la audiencia, Núñez y sus abogados, Mirta Esley y Ricardo Gutiérrez Esley, no estuvieron presentes. Por eso, leyeron el “recurso de aclaratoria” que había ingresado en las primeras horas de la jornada.

Inicialmente, los letrados afirmaron que “existen conceptos dudosos u obscuros en el proveído dictado el 30 de mayo”, donde se llamada a la audiencia para determinar el cese de la privación de libertad.

A su vez indicaron que los tres jueces “ya intervinieron denegando el pedido de excarcelación que se solicitara para el mismo imputado-detenido” el 20 de agosto, y que Palacios Gonella también se había pronunciado de forma “desfavorable” en julio del año pasado.

“Esta defensa entiende que la instrumentación de un nuevo ordenamiento procesal conlleva a situaciones como estas que han escapado al conocimiento de los magistrados”, continuaron.

Y en este sentido, insistieron en que “todos los que van a participar en la audiencia ya se han expedido de manera desfavorable a la concesión del pedido de libertad de nuestro defendido”.

Sabaini Zapata, Flores, Saá Petrino y Palacios Gonella rechazaron el pedido de apartamiento. Cada uno fundamentó su posición, pero coincidieron en que en la presentación no había claridad y que la intervención de ellos ahora se da en circunstancias diferentes a las anteriores.

Los abogados que representan a Núñez no estuvieron presentes.

“El escrito presentado no resulta del todo claro, pero interpretamos que se ha interpuesto una recusación respecto a este Tribunal con esta integración. En palabras sencillas, la recusación implica que no quiere que este Tribunal intervenga respecto a analizar este pedido de prisión preventiva. También ha sido recusada la Fiscal de Cámara y es facultad del tribunal poder resolver esta cuestión, pero como al mismo tiempo ha sido recusado, no podemos hacerlo en este momento”, dijo inicialmente Sabaini Zapata, quien encabeza el Cuerpo.

El juez planteó que los defensores deberían haber acudido a la audiencia porque ante la ausencia no pudieron “preguntar ni indagar respecto a lo que han presentado”. También mencionó “una confusión respecto al procedimiento”.

“Que nosotros hayamos intervenido como jueces de alzada respecto de un recurso, no nos imposibilita seguir actuando como jueces de alzada en otros recursos que eventualmente ocurran. Sí nos imposibilita intervenir en el juicio oral”, aclaró.

Por otro lado, se amparó en el artículo 35 del Código de Procedimiento, donde queda determinado que “los jueces pueden ser recusados cuando se generen dudas razonables sobre su imparcialidad frente al caso”, y subrayó que “aquí no se han indicado cuáles serían esos elementos que permitan o puedan presumir una duda razonable de imparcialidad por parte del suscripto y demás miembros del tribunal”.

Flores se sumó al rechazo de la recusación y dijo que en la presentación “se confunde el entendimiento de la Cámara del Crimen N°1”, que él había integrado para “resolver una excarcelación”.

Tuvo en cuenta que ahora están “frente a otra circunstancia, no solo de tiempo”. Enumeró el contexto del procesado, los principios que hoy rigen (los que permiten resolver la solicitud en una audiencia) y situaciones que en su momento habían tenido en cuenta.

“Lo que ahora ha traído a resolverse tampoco ha sido del todo claro y hubiera sido conveniente que la parte estuviera presente en la revisión de la prisión preventiva”, agregó.

Y de la misma manera entendió que “a partir de ese análisis queda absolutamente claro que no hay una razón, de las que imperan” para apartarlo de la causa.

Por su parte, Saá Petrino adhirió a los fundamentos de sus pares e hizo alusión a la “falta de precisión” del planteó realizado por la defensa de Núñez.

“Debe ser analizada y acreditada la causal que intenta apartar al juez”, precisó. Y rechazó los motivos manifestados para separarlo del Tribunal de Impugnaciones.

Después de eso, intervino Palacios, para cuestionar el accionar de los abogados del imputado: “Nos encontramos ante un escrito que no sabemos qué significa, si es una aclaratoria, si una recusación. Entonces ante la ausencia de la parte, tenemos que estar tratando de dilucidar qué es lo que la parte, que ni siquiera ha comparecido, quiere decir”.

“No se han expresado clara y sucintamente, los motivos a partir de los cuales sospechar de los principios de objetividad que debe reposar en cabeza de este ministerio Público y que constituye el eje del que recae actualmente mi función”, sumó.

En la parte final de la audiencia, Sabaini Zapata dispuso que “se llame a integrar el tribunal con jueces hábiles a efectos de que puedan evaluar las recusaciones y los informes que se han producido respecto si corresponde o no, la continuidad con la actual integración”.

Al mediodía, se dispuso la conformación con dos miembros del Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción, y con el presidente del Tribunal de Impugnación de la Segunda Circunscripción, Hernán Herrera.

Ahora ellos deberán resolver sobre la recusación y después de eso podrán analizar si el acusado espera el debate oral en prisión o lo hace en libertad.

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